La actividad política debe dar voz y respetar el espacio del tejido social, la gente lo exige

Las asociaciones de consumidores son el eje principal para la eficacia social en la superación de los retos complejos como la brecha digital que tan grave es día a día, la capacidad de intervención y educación social bien articulada la tienen las asociaciones regionales, la administración es incapaz de ello por su naturaleza misma, pero sí de priorizar en la norma, y redimensionar en dotación de medios, con un plan estratégico de inversión social en la construcción de un modelo sostenible de protección a la personas consumidora.

Dos verdaderos movimientos sociales masivos presentes en el evento, han logrado dos leyes distintas en el congreso de los diputados de las cortes generales del estado español, la Ley Sara que ha implicado a miles y miles de personas en el ámbito regional, nacional e internacional, en el terreno de la cirugía estética pero no deja de ser un vacío en el control de mercado de usuarios de este sector, ubicados en las competencias facultativos sanitarios y autoridad sanitaria, evidenciando una organización y sus ramificaciones económicas, de irregularidades, de dejación de competencias, de complicidades inaceptables entre el mercado y las autoridades sanitarias, la gestión de servicios sanitarios y la connivencia entre los intereses públicos y los privados, un movimiento colosal que tiene largo recorrido y que eclosiona con la muerte de la joven Sara Gómez Sánchez y la lucha emprendida por su familia y el apoyo de la gente empoderada y movilizada.

Otro de los movimientos iniciados ante una muerte anunciada como es la del Mar Menor y que con un consenso desde la base social, ha logrado empoderar y movilizar de manera transversal a cientos de miles de personas en torno a una causa sangrante, a un choque sin precedentes entre la especulación agrícola y sus consecuencias ambientales y estas organizadas como lobbies de poder (otro más en la región) que ha logrado por décadas una impunidad criminal para ese espacio frágil, precioso y único, y la pasividad irresponsable de las administraciones regional como más próxima y competente en especial.

Este movimiento de empoderamiento, compuesto en su columna vertebral por más de 15 asociaciones diversas de manera unida y coordinada, activistas ambientales, vecinos, ecologistas, científicos, académicos etc., un consenso de empoderamiento por el cambio sin precedentes de una realidad ambiental moribunda logrando esas más de 600.000 firmas y adhesiones dentro y fuera de España, en todo el mundo.

El mensaje es de empoderamiento social, de una sociedad desencantada con la utilidad de las instituciones públicas, que vive su propia realidad de espaldas a la gente y ante esa soledad e impotencia y el más noble y elevado principio y valor, luchar por la justicia, han removido todo tipo y clase de obstáculos, existentes e interpuestos y se han elevado a rango de “histórico” son luces que resplandecen ante una pasividad general de amplísimo tejido social, lejos de activarse en solidaridad, algunas permanecen plagadas al poder, por subvenciones, por conciertos o por complicidad sumisa a ese poder, ignorando probablemente que así no se cumple el mandato constitucional de participación y asociación para fines que remueven obstáculos de la administración y los poderes, y que tampoco se cumple el mandato de independencia de toda naturaleza, además practican un entreguismo pro dinero que no es del político de turno sino es un dinero sagrado que procede del sacrificio de todos para generar poder público, en efecto dinero público. Con inconformismo e independencia se logra más, sobre todo respeto que no es poco.

El movimiento LA VOZ DE SARA Y PACTO POR EL MAR MENOR son un ejemplo de valentía, son una senda abierta de dignidad de gente luchadora y eso suenan palabras poco al uso, pero es la realidad, resisten, insisten, nunca desisten ¿Por qué? Porque lo que defienden, por lo que luchan, es justo, y se empoderan para lograr lo que la política no hace y muchas veces, deshace. Necesitamos luchadores independientes y valientes en este movimiento solo social, transversal del tejido social, del movimiento asociativo.

El evento del pasado día 2 de diciembre, en el que UCEspaña concluía un proceso de 2 años en el que cientos de personas han participado y reflexionado sobre la refundación de UCEspaña, de su nueva misión en una realidad enormemente compleja para las personas consumidoras y para el conjunto de la sociedad, la era post pandemia covid y los nuevos paradigmas en el modelo de consumo.

Entre las conclusiones, destacamos la eficiencia de organización de proximidad de UCEspaña, fundamentada en las comarcas, y es una invitación a las administraciones públicas a activar estatutariamente las comarcas, de modo que se impulse la ley de comarcas de la región de Murcia, que redimensione los servicios públicos de calidad, su sostenibilidad y una nueva estructura de participación social y económica basada en esa comarcalización de la región, respondiendo así a una realidad natural.

UCEspaña propone en esa línea de desarrollo regional, en beneficio de la nueva realidad para las personas consumidoras en la región, a través de sus comarcas con instituciones funcionales en forma de centros comarcales para la participación y protección a la persona consumidora.

Esta propuesta será expuesta en detalle a los partidos políticos democráticos que concurran a las elecciones locales y autonómicas, solicitando que sean asumidas desde una lógica tras una trayectoria de 38 años de la organización de consumidores que hereda la máxima representatividad acreditada, la implantación y eficacia en el cumplimiento de su potestad constitucional y normativo en materia exclusiva de representación de las personas consumidoras, con eficacia e independencia de poderes públicos, económicos y de cualquier naturaleza.

Sin modelos no hay políticas no hay políticas eficientes y eficaces de protección a la personas consumidoras, los moldes o marcos normativos son muy claros en el ámbito europeo y nacional, hay que cumplirlos, ejecutarlos de manera efectiva con políticas, las herramientas regionales de carácter normativo están desfasadas por completo, si no hay herramientas bien actualizadas y adaptadas a esta nueva realidad, ¿Cómo se puede defender, representar, controlar el mercado del consumo y ofrecer seguridad y garantías jurídicas a las personas consumidoras? Cae por su propio peso si se quiere ejercer una responsabilidad pública honesta y respetuosa con la ley y no a las conveniencias partidistas o electorales.

La necesaria revisión, reinicio y reseteo de la normativa regional en materia de protección a la persona consumidora, tengamos presente que las competencias plenas en materia normativa en la protección a las personas consumidoras.

No hacerlo es de una irresponsabilidad incalificable, la última normativa regional en la materia de protección a la persona consumidora, data del año 2008, hace 15 años, mientras tanto la Unión Europea y las instituciones estatales españolas, han generado una enorme cantidad normativa de garantía y seguridad jurídica para las personas consumidoras incluso en pleno confinamiento y pandemia, si no son capaces las instituciones públicas regionales de adaptarse a esas medidas ¿Cómo va a serlo de utilizar herramientas y procedimientos eficaces para hacer valer los derechos de las personas consumidoras, ejercer el control del mercado y fomentar a las asociaciones de consumidores? Imposible, obviamente existe en la actualidad un desinterés extremo.

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