Articulo escrito por: Pedro Valera Duque, Presidente de UceRM
“El transfuguismo es ensimismo una patología de la política ¿Cómo sino encaja en un sistema de Partidos Políticos que cuentan con un programa electoral que no es sino un contrato con sus votantes? ¿Cuál es el programa político de los tránsfugas, del transfuguismo? No existe, luego no existe contrato con votantes. Ello permite al tránsfuga, más patológico si se forma parte del gobierno, flotar en una deriva errática sin pretender la renovación del contrato electoral, ya que se carece de programa electoral y por lo tanto de gobierno, por lo tanto, la única vía de supervivencia flotante en el océano electoral es lograr clientes que les apoyen de manera personalista. Se trata de una perversión del modelo democrático y quienes acceden a ese clientelismo son cómplices de esa perversión, esto lo tenían acordado los partidos políticos en el pacto anti transfuguismo, pacto que el Partido Popular rompió unilateralmente en la ruptura democrática de principios esenciales. En un Gobierno Regional en el cual se reparten como trofeo las competencias entre el Partido Popular y los tránsfugas, los dineros públicos y el BORM son suficientes para ponerse manos a la obra ¿Cuál es la pelea de materias a repartir? Las que cuentan con mayor público al que lanzar su caña de pesca clientelar. O entra ese objetivo clientelar al trapo o los recursos públicos, el dinero de todos, irán destinados a la eficiencia errática de otros clientes que permitan en las próximas elecciones, inventar un partido y concurrir a las elecciones, con la seguridad de sentirse respaldados por ciertos aportes económicos de personas y empresas adictas a ese clientelismo desde lobbies de poder. La materia de Protección al Consumidor (que le vamos a hacer, mala suerte) es una parte pobre del pastel de reparto de recursos públicos, pero es una materia con la que se puede quedar bien ante el conjunto de la población murciana, depende como se venda. Desde la Unión de Consumidores de España RM denunciamos ser víctimas de esta deriva, no comulgamos jamás con ruedas de molino, no lo hemos hecho en 38 años, ahora ante los tránsfugas del gobierno regional, tampoco. Las asociaciones de consumidores somos entidades altamente protegidas constitucionalmente, pero se nos exige una alta independencia frente al mercado de consumo, frente a todos los poderes que puedan interferir en la misión social de defensa y representación del consumidor, la exigencia normativa a las asociaciones alcanza incluso a la administración que haya subvencionado a la asociación por mandado legal, no por gracia y obra del gobierno de turno o el político de turno. La Directora General de Consumo y artesanía, Sonia Moreno forma parte de troceo de poder en manos de los miembros tránsfugas del gobierno regional, Isabel Franco, María del Valle Miguélez y Antonio Sánchez, luego es una ex miembro del partido político Ciudadanos que se ha sumado el lobbies tránsfuga (Dirigido y coordinado por Isabel Franco), aplica con avaricia esa tarea clientelar y ataca frontalmente a asociaciones que venimos ejerciendo la independencia durante más de 3 décadas, la avaricia consiste en castigar con diversas iniciativas, entre ellas las de la distribución del DINERO PÚBLICO, es su gran baza para su interés de arrebatado del objetivo de los tránsfugas, sobrevivir en el escenario político electoral y ser bisagra para poder mantenerse en el poder. Imagino que contarán con un plan b por si falla esta opción, contar con apoyos económicos para sus estatus personales, se trataba de saltar con red, no sin red. El mensaje que trasladamos es que no vamos a mantener en pasilleo este chantaje, vamos a buscar el debate público, vamos a defender y mantener nuestra independencia total, y exigir que se cumpla la ley, los mandatos de independencia, de objetividad… Hemos solicitado información a esta consejería y a esta dirección general que siempre tiene el silencio por respuesta, la transparencia en el tránsfuga es solo una herramienta más para cubrir apariencias. Vamos a pedir el amparo de la gente como siempre hemos hecho, no nos debemos a nadie más, también a las instituciones lo más independientes posible como el Consejo Regional de la Transparencia, la Comisión de Peticiones y defensa del ciudadano de la Asamblea Regional, el Defensor del Pueblo y si es necesario acudiremos a los tribunales de justicia. La inseguridad jurídica es total, esperamos contar con el apoyo de los medios de comunicación, solo para ser escuchados, leídos…por la opinión pública regional.”